Los consejeros directivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) emitieron el 8 de septiembre un pronunciamiento por unanimidad en el que instaron la investigación urgente en el Poder Judicial de los hechos de “notoriedad pública”, y denegaron el Aula Magna que había solicitado Enrique Pedicone, profesor de esa casa; juez y denunciante del vocal de la Corte, Daniel Leiva. Ahora se sabe que esa Resolución firmada por la decana Adela Seguí fue consecuencia de un debate rico, donde hubo visiones encontradas y tensiones sobre incompatibilidades, y la opinión “técnica-jurídica” de los representantes de los estamentos docentes contrastó con la mirada de los estudiantes y de la consejera no docente. Estas diferencias quedaron a la vista ayer, cuando el Consejo aprobó tanto el acta de la sesión como las peticiones para publicitar la discusión.
En el texto oficial, el Consejo Directivo no mencionó la acusación que Pedicone había interpuesto contra Leiva el 1 de septiembre para esclarecer un presunto pedido “de manejo de las intensidades” de la causa por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias del legislador Ricardo Bussi con la invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Los consejeros Marcelo Rubinstein, Marcela Eloísa Sánchez Giménez, Mario Leal, Laura Casas, Hilda Graciela Vázquez, Albiana González, Milagros Céliz, Rocío Moya y Eleonora Méndez hablaron de “denuncias” en general y en plural (Pedro Cagna estuvo ausente y Ana Lía Castillo de Ayusa se excusó de firmar la resolución). Pero en la sesión hicieron referencias con nombres y apellidos, y hubo manifestaciones muy concretas sobre el conflicto luego de que Seguí planteara la posibilidad de sentar una posición, más allá de la solicitud que había hecho Pedicone para usar el principal anfiteatro de la Facultad como escenario de una audiencia anti-covid-19 por el caso “Leiva” y para que la unidad se erija como querellante.
Rápidamente Castillo de Ayusa indicó que ella había estado pensando en la necesidad de expedirse, pero que, al ver que Pedicone se presentaba como profesor de la materia en la que ella es titular, Derecho Procesal I, había optado por dar un paso al costado. “Como profesores, abogados y jueces nosotros debemos defender las instituciones, y nuestra forma de gobierno”, reflexionó la ex jueza Castillo de Ayusa. Y añadió que “no se sentía en condiciones” de actuar con imparcialidad por el hecho de que Pedicone estaba en cátedra. “Dejo planteada esta inhibición”, dijo y los consejeros la admitieron sin reparos.
Para entonces Casas, representante de los auxiliares docentes, había adelantado que “le parecía absolutamente improcedente” la solicitud de Pedicone. “A este Consejo no le compete de ninguna manera”, agregó la docente y aspirante a jueza penal (está ternada para el Tribunal de Impugnación que integra Pedicone). Luego propuso rechazar in limine -sin más trámite- la solicitud del denunciante de Leiva, idea que Seguí cuestionó. “Nuestra Facultad es el reservorio del conocimiento jurídico y me parece bien que demos una opinión, y no un rechazo in limine”, dijo. En línea con la decana, Leal, que es camarista en Concepción y representa también a los profesores titulares, sugirió expresar la preocupación por la situación, y una exhortación para que sea resuelta con premura y con sujeción al debido proceso.
“Desubicado”
En su primer uso de la palabra, el consejero por los auxiliares docentes Rubinstein recordó que él era relator de la Corte y que, si bien estaba afectado momentáneamente a la vocalía de Antonio Daniel Estofán, no podía desconocer que Leiva era su superior jerárquico, y que con él tenía trato diario y que en muchas ocasiones se veía obligado a evacuar sus consultas. Seguí observó: “después de haberte escuchado hacer hincapié en que sos subordinado de Leiva, me parece que en resguardo de la imparcialidad de la decisión que tomemos sería sano que te inhibieras también”.
Ante esto, Rubinstein aseguró que no se sentía presionado ni que “temía a las represalias” y que se iba a excusar si el Consejo lo creía pertinente, pero que él prefería intervenir. “Bueno, vamos para adelante”, concedió Seguí. Previamente Rubinstein había dicho que “desde ningún punto de vista” la Facultad podía constituirse en querellante y que no recordaba que se sometiera una solicitud del Aula Magna a consideración de los consejeros. “Estamos aquí en la fase tres de la pandemia. La petición del espacio, además de extemporánea, me parece completamente desubicada, perdonen la expresión”, comentó. Rubinstein advirtió que la Facultad no se había manifestado ni respecto de la discusión del aborto ni en la crisis electoral de 2015. En cuanto a esto último, Seguí contestó que habían creado un ámbito de debate y sacado una resolución. “Yo estaba en 2015 y no me acuerdo. O bueno, tampoco (hubo comunicado) por el escándalo de las valijas (legislativas)”, consideró Rubinstein.
Méndez, defensora oficial y consejera por los graduados, dijo que ella adhería a la postura de Leal, mientras que las alumnas Céliz y González refirieron que las agrupaciones estudiantiles habían apoyado el pedido de juicio político para Leiva. “El vocal está desacreditado desde el punto de vista de los principios republicanos”, acotaron, y bregaron por enfatizar la necesidad de preservar la institucionalidad y la división de poderes.
Cuando estaban por empezar a analizar el borrador de ideas elaborado por Leal, la consejera por los no docentes Sánchez Giménez pidió la palabra y anticipó que iba a hablar como ciudadana común: “es gravísimo lo que está pasando y muy triste. Cuando la gente llega al poder hay cosas que dejan de importar y se pierden, como el hecho de que detrás (de la causa de Bussi) hay una damnificada que no tiene defensa porque la tapa la corrupción más grande. No debemos permitir que eso ocurra sin que nos sacuda. Estamos naturalizando prácticas que no podemos dejar pasar, más allá de que la Facultad tenga o no competencia. El mundo está pidiendo otras demostraciones de respeto, de ética y de moral, (...), y estamos ante la decadencia de los roles importantes del juez y de la Corte Suprema. Esto afecta a la sociedad y a toda la Justicia. Gracias por escucharme”.